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El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral Contra la Trata de Seres Humanos

El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral Contra la Trata de Seres Humanos

 

QUÉ: Referencias del Consejo de Ministros.

QUIÉN: El Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, compuesto por el presidente, el conjunto de los ministros y los vicepresidentes.

CUÁNDO: El martes 29 de noviembre del 2022.                           

DÓNDE: En el CLXX Consejo de Ministros de la XIV legislatura.

POR QUÉ: El Consejo de Ministros celebrado en el día de hoy ha estado marcado por la aprobación de medidas en materia de Justicia y Presidencia.

 

JUSTICIA

  • Aprobar el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral Contra la Trata de Seres Humanos y la Explotación.
    • En su elaboración han trabajado conjuntamente 13 ministerios, de los que cuatro son proponentes, como el ministerio del Interior, Igualdad y Seguridad social, además del de Justicia.
    • El texto normativo nace con la vocación de amparar a mujeres, hombres, niñas y niños, abordando todo tipo de trata.
    • Una Dirección General supervisará las Políticas Públicas en materia de Trata y explotación, de la que dependerá el Mecanismo Nacional de Derivación.

PRESIDENCIA

  • Aprobar el nombramiento de dos Magistrados del Tribunal Constitucional. El Gobierno, amparado en el poder que le confiere la Constitución, ha decidido nombrar a Juan Carlos Campo, magistrado de la Audiencia Nacional y a Laura Díez Bueso, vicepresidenta del Consell de Garantías Estatutarias, de la Generalitat de Cataluña y Catedrática en Derecho Constitucional.

 

OTROS ACUERDOS

  • Aprobar un acuerdo, dotado con más de 720 millones de euros, para el desarrollo de los Planes para la Sostenibilidad Turística. Con este acuerdo se abordará la mejora de los destinos turísticos, con una aportación de 668,3 millones de euros provenientes de los Fondos Europeos.
  • Aprobar el Plan de Seguros Agrarios Combinados, con una aportación de 323 millones de euros.

 

“La Ley obliga a que los Magistrados del Constitucional sean españoles y juristas con al menos 15 años de actividad