Actualidad

EL GOBIERNO APRUEBA EL PROYECTO DE LEY PARA PROTEGER A LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE CORRUPCIÓN

EL GOBIERNO APRUEBA EL PROYECTO DE LEY PARA PROTEGER A LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE CORRUPCIÓN

QUÉ: Referencias del Consejo de Ministros.

QUIÉN: El Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, compuesto por el presidente, el conjunto de los ministros y los vicepresidentes.

CUÁNDO: El martes 13 de septiembre de 2022.                  

DÓNDE: En el CLVIII Consejo de Ministros de la XVI legislatura.

POR QUÉ: El Consejo de Ministros celebrado en el día de hoy ha estado marcado por la aprobación de medidas en materia de justicia.

 

MEDIDAS DE JUSTICIA

  • Aprobar el Proyecto de Ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción, fraudes y violaciones del Derecho europeo y nacional. La norma establece canales protegidos de información y la prohibición de cualquier represalia contra los informantes.
    • El texto incluye nuevas figuras en el entramado empresarial y en el sector privado. Para su elaboración, se ha contado con sugerencias de las Comunidades Autónomas y de los municipios.
    • Cuando la información revele la posibilidad de que se haya cometido un delito, deberá ser puesto rápidamente en manos de la Fiscalía.
    • En relación con los plazos, el proyecto contempla que no debe ser mayor de tres meses, con posibilidad de prórroga de tres meses si el proceso es complejo.

OTRAS MEDIDAS

  • Transferir 6,5 millones de euros al Gobierno de Canarias para ayudas dirigidas a los afectados por la erupción volcánica de La Palma.
    • Esta subvención permitirá atender a 609 familias que necesitan reponer enseres de primera necesidad.
    • Desde el inicio de la emergencia, se han transferido 43,8 millones de euros en ayudas.
  • Aprobar ayudas por más de 12 millones de euros para las centrales frutícolas afectadas por las heladas de abril.
  • Crear una nueva sede para la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial.
    • Comienza el proceso de estudio de los requisitos para cada una de las sedes, que serán reestructuradas en el plazo de seis meses.

 

“Con esta norma cualquier ciudadano podrá informar de subvenciones o adjudicaciones que sean sospechosas sin riesgo, con el compromiso del Gobierno de proteger al denunciante”