INFO FLASH BRUSELAS

Análisis – Las instituciones europeas finalizan el curso con la presentación del paquete legislativo contra el blanqueo de capitales y las exigencias para mejorar la situación del Estado de Derecho. La polémica en torno a la situación en Polonia y Hungría y la negociación con Gibraltar continúa.

1. Una Agencia europea de lucha contra el blanqueo de capitales.- La Comisión Europea ha presentado esta semana su paquete de cuatro propuestas legislativas para reforzar y actualizar las normas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre ellas, destaca la propuesta de crear una nueva Agencia europea que coordinará esta acción. Bruselas insiste en que las normas europeas deben ejecutarse eficazmente y que debe existir coherencia en el marco de la UE, ya que las “lagunas legislativas” que existen en un Estado miembro repercuten en el conjunto de la Unión. Las mejoras que propone la Comisión:
   1. Nueva autoridad central para supervisar.– Esta Agencia europea será la autoridad central coordinadora de las autoridades nacionales para garantizar que el sector privado aplique las normas de la UE. Debería estar operativa en 2024 y cuenta con un presupuesto de más de 45 millones de euros. Se encargará de establecer un único sistema integrado de supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y de supervisar algunas de las entidades financieras de mayor riesgo (instituciones crediticias establecidas al menos en 7 Estados miembros y otras financieras que operen en al menos 10 países de la UE). Se trataría de empresas que se dedican al cambio de divisas, fondos de inversión, instituciones de dinero virtual, servicios de pago o aseguradoras. Valorarán el riesgo según 3 criterios: los clientes, los productos ofrecidos y las áreas geográficas que cubre. Esta Agencia europea apoyará la cooperación entre las unidades nacionales de información financiera, aunque algunos países la ven con recelo ante el temor de que sus supervisores nacionales pierdan poder.
   2. Código normativo único en la UE.– Se propone un reglamento que armonizará las normas al respecto en toda la UE, incluyendo normas más detalladas sobre la diligencia debida con la clientela, la propiedad efectiva, las competencias de los supervisores y las unidades de inteligencia financiera. Se conectarán los registros nacionales de cuentas bancarias existentes y se dará a las autoridades policiales acceso a este sistema. El objetivo es acelerar las investigaciones financieras y la recuperación de activos de origen delictivo en casos transfronterizos.
   3. Acabar con el anonimato de las transferencias de criptoactivos.- La reforma propuesta quiere hacer rastreables las “criptotransacciones”. Así, una empresa que gestione criptoactivos para un cliente debe incluir el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y el número de cuenta, así como el nombre de la persona que recibirá los criptoactivos. También se prohibirá proporcionar carteras de criptoactivos anónimas, al igual que las cuentas bancarias anónimas ya están prohibidas por las normas de la UE contra el blanqueo de capitales. El objetivo es garantizar la plena trazabilidad de las transferencias de criptoactivos, como Bitcoin, y detectar su posible uso para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
   4. Limitar los pagos en efectivo.– La Comisión propone un límite de 10.000 euros para los pagos en efectivo a escala de la UE. Afirma que este límite es “suficientemente elevado como para no poner en tela de juicio el euro como moneda de curso legal y reconoce el papel fundamental del efectivo”. Ya existen límites en aproximadamente dos tercios de los Estados miembros, pero los importes varían. Podrán mantenerse límites nacionales por debajo de 10.000 euros. Limitar los grandes pagos en efectivo dificulta a los delincuentes blanquear el dinero sucio.
   5. Una “lista negra” de países.– La UE trabajará con listas de países, en colaboración con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para luchar contra la circulación del dinero negro en todo el mundo. Habrá dos listas, una “lista negra” y una “lista gris” que reflejen la lista del GAFI. Tras la inclusión en la lista, la UE aplicará medidas proporcionadas a los riesgos que presente el país.

2. Preocupación por la situación del Estado de Derecho en algunos países de la UE.- Bruselas acaba de publicar el segundo informe a escala de la UE sobre el Estado de Derecho. Según afirmaron en la presentación, en líneas generales hay muchos avances positivos, sin embargo aumenta la preocupación por la independencia del poder judicial y la situación de los medios de comunicación en algunos Estados miembros. En efecto, la situación más “preocupante” es la de Polonia, que sigue sin cumplir una sentencia y un auto del Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión le ha dado un “ultimátum”, para que aclare “antes del 16 de agosto” si está dispuesta a cumplir las últimas resoluciones de la Justicia europea contrarias a su controvertida reforma judicial. Si no, el próximo paso será la imposición de sanciones económicas a Varsovia. Precisamente las reformas del sistema judicial en Polonia -cuestionando la primacía del derecho europeo-, la falta de eficacia en la lucha contra la corrupción, el deterioro de la libertad de prensa, los ataques a los grupos LGTBI son fuente de preocupación sobre Polonia en el informe del Estado de Derecho.
   1. Pide a España la renovación del CGPJ.- El análisis de la situación en España concluye que continúa la falta de renovación del Consejo del Poder Judicial ante la falta de acuerdo en las Cortes. Por ello, Bruselas exige la reforma pese a la “complejidad de la situación política”. Reiteran que es necesario que el CGPJ funcione. El informe señala también que es importante que se tengan en cuenta las normas europeas y que se consulte a todas las partes interesadas. También se ha expresado preocupación por la competencia del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad penal de los puestos de alto nivel, así como por el régimen de incompatibilidades de los jueces y fiscales. Se han llevado a cabo esfuerzos para abordar la acumulación de retrasos, como la creación de nuevas unidades judiciales, pero el bajo número de jueces por habitante constituye un reto. Se han reiterado las preocupaciones relativas a la autonomía del Ministerio Fiscal con respecto al Gobierno. España sigue mejorando el marco institucional y jurídico para prevenir la corrupción y luchar contra ella. Las medidas anticorrupción siguen una línea de acción estratégica, pero se carece de una estrategia anticorrupción específica que sirva de guía general a las medidas preventivas y represivas para combatirla. En lo que respecta a la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, el Gobierno está tomando medidas para abordar las cuestiones de acceso a la información. Persisten algunos desafíos relativos a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación.
   2. Anuncian un referéndum en Hungría por la polémica ley.– Ante las reiteradas críticas de la comunidad internacional y de la propia Comisión Europea, el primer ministro de Hungría ha anunciado que convocará un referéndum sobre la polémica ley recién aprobada que pretende “defender” a los menores de edad frente a la divulgación de ideas sobre cambio de sexo o sexualidad en los colegios. Para Victor Orbán, los “ataques” de Bruselas no tienen sentido y atentan contra las leyes de enseñanza y de protección de menores de Hungría. La polémica se encendió al vincular la homosexualidad con la pederastia, generando una respuesta internacional que ha derivado en la apertura de un procedimiento contra Hungría por discriminación del colectivo LGTBI.

3. Mandato de la UE para iniciar las negociaciones con Gibraltar.- Bruselas ha autorizado la apertura de negociaciones para un acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar, cumpliendo el compromiso político contraído con España de iniciar las negociaciones de un acuerdo separado. A partir de ahora se mantendrá estrecho contacto con las autoridades españolas durante las negociaciones. Según ha explicado la Comisión Europea, el objetivo es “generar consecuencias positivas para quienes viven y trabajan a ambos lados de la frontera entre España y Gibraltar, al tiempo que se protege la integridad del espacio Schengen y del mercado único”. Gibraltar no estaba incluido en el ámbito de aplicación el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido. Pero ahora se ha adoptado una recomendación basada en el acuerdo político que España y Reino Unido alcanzaron el pasado 31 de diciembre. Como era de esperar, el Gobierno español acogió positivamente la propuesta y el “esfuerzo” desarrollado por la Comisión, mientras que Reino Unido ya ha advertido que este mandato de negociación “socava la soberanía británica del Peñón” y “entra en conflicto con el acuerdo marco alcanzado con España”. Esta propuesta tendrá que ser aprobada por el Consejo de la UE.
   1. Directrices de la negociación.- Presentan soluciones para eliminar las comprobaciones y controles físicos de personas y mercancías en la frontera terrestre entre España y Gibraltar, y garantizan a la vez la integridad del espacio Schengen y del mercado único. Las propuestas incluyen normas que establecen la responsabilidad en materia de asilo, retornos, visados, permisos de residencia, cooperación policial operativa e intercambio de información. Se incluyen otras medidas en diferentes ámbitos, como el transporte terrestre y aéreo, los derechos de los trabajadores transfronterizos, el medio ambiente, el apoyo financiero y el establecimiento de unas condiciones de competencia equitativas. Con respecto al control de fronteras exteriores, España ya ha manifestado su plena intención de solicitar asistencia a Frontex.
   2. Bruselas insiste en que no renegociará el protocolo irlandés.– Las negociaciones post Brexit han tenido otro frente abierto esta semana, ante la petición del Gobierno de Reino Unido de introducir “cambios significativos” para renegociar elementos sustanciales del protocolo sobre Irlanda. La Comisión Europea ya ha  respondido que no se sentará a renegociarlo ya que se debe garantizar la “estabilidad” en Irlanda del Norte, aunque se muestra flexible a buscar soluciones creativas dentro del marco del protocolo, que evita la aparición de una frontera física en Irlanda tras el Brexit.

4. El Banco Central Europeo prolonga los tipos de interés en “mínimos”.- El BCE ha anunciado esta semana su decisión de mantener el plan de estímulos y los tipos de interés en los niveles actuales “hasta que observe que la inflación se sitúa en el 2% bastante antes del final de su horizonte de proyección” y considere que el progreso realizado de la inflación subyacente está suficientemente avanzado para ser compatible con una estabilización de la inflación en el 2% a medio plazo. Ha añadido que las perspectivas de inflación están aún muy por debajo del objetivo del Consejo de Gobierno del organismo. El BCE mantiene sus tipos de interés principales en el 0 %, la tasa a la que presta a los bancos semanalmente, y seguirá cobrando a la entidades un 0,50 % por el exceso de reservas. Asimismo, ha confirmado que espera que las compras de deuda por la pandemia de la covid continúen en el tercer trimestre a un ritmo significativamente más elevado que en los primeros meses de este año. La entidad monetaria sigue comprometida a comprar los bonos de forma flexible según qué ocurra en los mercados para evitar que se disparen los tipos de interés de la deuda soberana de algunos países. En su comparecencia pública, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha explicado que la economía se está recuperando, pero que esa recuperación dependerá de la evolución de la pandemia y de los avances en la vacunación. A este respecto, ha señalado que la variante delta puede obstaculizar la recuperación de los servicios, el turismo y la hostelería.

5. Luz verde al fondo español de 1.000 millones de ayudas por la pandemia.- Prestar apoyo a las empresas afectadas por la pandemia facilitando su acceso a la financiación. Es el objetivo del fondo de 1.000 millones de euros de apoyo a la deuda y el capital de las empresas. La medida está disponible para empresas establecidas en España de cualquier sector salvo el financiero, cuyos ingresos netos totales oscilen entre 15 millones y 400 millones de euros en base consolidada. La Comisión considera que la medida española se ajusta a las condiciones establecidas en el Marco Temporal, sobre todo en lo referente a las medidas de recapitalización  y a las ayudas en forma de instrumentos de deuda subordinada. Solo podrán acogerse a las ayudas del régimen las empresas que no se consideraba que estuvieran en dificultades financieras a 31 de diciembre de 2019. La Comisión ha concluido que la medida es necesaria, adecuada y proporcionada para poner remedio a una grave perturbación en la economía española. El Marco Temporal adoptado por la Comisión – y que ha permitido a España recibir esta ayuda- permite a los Estados miembros aprovechar plenamente la flexibilidad prevista en las normas sobre ayudas estatales con el fin de respaldar la economía en este contexto de pandemia.

6. El Parlamento Europeo apuesta por un “Schengen de los datos”.- El Parlamento Europeo ha adoptado su posición con respecto a la llamada Data Governance Act, es decir, las nuevas normas para impulsar el intercambio de datos en la UE. Los eurodiputados han adoptado normas para facilitar la disponibilidad de más datos que ayuden a crear nuevos productos e innovaciones, en particular en materia de Inteligencia Artificial. Los eurodiputados han aclarado el alcance de la legislación, especialmente en lo que respecta a los servicios de intermediación de datos, para asegurarse de que las grandes empresas tecnológicas estén cubiertas por el marco. Los eurodiputados proponen limitar los acuerdos de exclusividad a un periodo de 12 meses, con el fin de que las pymes y las empresas de nueva creación puedan acceder a más datos. Los datos sensibles del sector público sólo podrán transferirse a terceros países cuando se beneficien de un nivel de protección similar al de la UE. El “Schengen de los datos”: para explotar el potencial en el uso de los datos puestos a disposición voluntariamente por consentimiento informado o interés general, como la investigación científica, la asistencia sanitaria, la lucha contra el cambio climático o la mejora de la movilidad, la legislación debe establecer grupos de datos en un sistema de registro voluntario de organizaciones de “altruismo de datos” reconocidas en la UE.

Volveremos en septiembre con toda la actualidad desde Bruselas