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INFO FLASH BRUSELAS

INFO FLASH BRUSELAS

Análisis Esta semana la Unión Europea vuelve a centrarse en las reformas de los Mercados Digitales Europeos mediante la propuesta legislativa de Gobernanza de Datos (DGA). Tras la crisis de la COVID-19, la preocupación por otra crisis sanitaria insta al refuerzo del control y prevención de enfermedades a través de acuerdos entre las instituciones europeas. Finalmente, Polonia mantiene el pulso con la UE en lo que respecta al conflicto migrante.

 

 

  1. La UE acuerda nuevas reglas para impulsar el intercambio de datos. Los eurodiputados y la Presidencia del Consejo acordaron informalmente el martes las normas para poner más datos a disposición de las empresas emergentes y las empresas para estimular la innovación. La Ley de Gobernanza de Datos (DGA) tiene como objetivo aumentar la confianza en el intercambio de datos, crear nuevas reglas de la UE sobre la neutralidad de los mercados de datos y facilitar la reutilización de ciertos datos en poder del sector público. Se establecen espacios de datos comunes europeos en ámbitos estratégicos, como la salud, el medio ambiente, la energía, la agricultura, la movilidad, finanzas, manufactura y Administración Pública.

El potencial de la Inteligencia Artificial no se puede desbloquear sin compartir datos, lo que ayuda a las empresas emergentes y a las empresas a desarrollar un ecosistema basado en los estándares de la UE.

Durante las negociaciones, los eurodiputados se aseguraron de que no existieran lagunas que permitieran a los operadores de países no pertenecientes a la UE abusar del sistema, reforzando las disposiciones sobre confianza y acceso justo. También aseguraron requisitos precisos sobre qué servicios se incluirán en la nueva DGA.

Los eurodiputados presionaron para aprovechar al máximo los datos puestos a disposición de forma voluntaria para objetivos de interés general, como la investigación científica, la asistencia sanitaria, la lucha contra el cambio climático o la mejora de la movilidad. Los servicios confiables de intercambio de datos serán más visibles y utilizarán un logotipo europeo común que certifique su cumplimiento con la DGA. El Parlamento también reforzó la Junta de Innovación de Datos, que proporcionará experiencia cuando sea necesario tomar decisiones sobre la gobernanza de datos. La Junta asesorará a la Comisión sobre ciberseguridad para el intercambio y almacenamiento de datos, y promoverá la estandarización internacional y la portabilidad de los datos.

Los organismos del sector público deberán evitar la creación de derechos exclusivos para la reutilización de ciertos datos, y los acuerdos exclusivos deben limitarse a un período de 12 meses para los nuevos contratos y de 2,5 años para los existentes, para que haya más datos disponibles para pymes y start-ups.

La eurodiputada principal Angelika Niebler (EPP, DE) se pronunció ante la nueva normativa diciendo: “Nuestro objetivo con la DGA era sentar las bases de una economía de datos en la que las personas y las empresas puedan confiar. El intercambio de datos solo puede prosperar si se garantizan la confianza y la equidad, estimulando nuevos modelos comerciales y la innovación social. La experiencia ha demostrado que la confianza, ya sea en la privacidad o en la confidencialidad de datos comerciales valiosos, es una cuestión primordial. El Parlamento insistió en un alcance claro, asegurándose de que el credo de confianza se inscriba en el futuro de la economía de datos de Europa”.

 

  1. La Comisión Europea propone mantener las solicitudes de asilo de los recién llegados a los Estados miembros en un limbo legal. La Comisión Europea propuso el miércoles permitir que los Estados miembros que limitan con Bielorrusia, y que enfrentan flujos de migrantes supuestamente orquestados por Minsk, mantengan las solicitudes de asilo de los recién llegados en un limbo legal por más tiempo, pero Polonia calificó la medida de «contraproducente». Las medidas permitirían a Polonia, Lituania y Letonia ampliar el período permitido para el registro de nuevas solicitudes de asilo de 10 días a cuatro semanas, y ampliar a cuatro meses el plazo para pronunciarse sobre una solicitud. Los grupos de derechos de los inmigrantes criticaron los cambios como la construcción de una «Fortaleza Europa» y destrozando la reputación de la UE por el trato humano de los solicitantes de asilo. La comisaria de Asuntos de Interior de la UE, Ylva Johansson, dijo en una conferencia de prensa que la situación en las fronteras de Bielorrusia para esos países de la UE «no tiene precedentes … y es por lo que estamos tomando todas estas medidas».

Para la adopción de este tipo de medidas el Parlamento Europeo debe ser consultado, sin embargo, no tiene poder para descarrilar dichas medidas, ya que se basan en una cláusula de un tratado de la UE que permite la “adopción de medidas provisionales en situaciones migratorias de emergencia en las fronteras exteriores de la UE».

A pesar de las instrucciones de la Comisión Polonia, Lituania y Letonia han endurecido sus fronteras, desplegando tropas y alambre de púas para tratar de evitar que los migrantes crucen desde Bielorrusia.

Polonia ha adoptado la postura más dura, criminalizando los cruces fronterizos irregulares y utilizando un controvertido estado de emergencia para imponer un apagón mediático a lo largo de su región fronteriza, impidiendo que periodistas y organizaciones de derechos humanos sean testigos de la situación. El Estado de Emergencia se extendió el miércoles por otros tres meses, hasta finales de febrero. Polonia también está acusada de empujar a la fuerza a los solicitantes de asilo que han entrado irregularmente en su territorio de regreso a través de la frontera a Bielorrusia, un acto conocido como «devolución» que está prohibido por el derecho internacional y de la UE. También ha rechazado las peticiones de la Unión Europea de que el personal de la agencia fronteriza Frontex de la UE, con sede en Varsovia, ayude a patrullar su frontera.

Human Rights Watch acusó esta semana a Varsovia y Minsk de graves violaciones de derechos humanos. La Comisión dijo que las medidas propuestas serían “limitadas en el tiempo y específicas” y en “pleno respeto de los derechos fundamentales y las obligaciones internacionales, incluido el principio de no devolución”.

 

  1. Polonia firma una ley para mantener alejados a los periodistas y las ONGs de la frontera con Bielorrusia. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, promulgó el martes una ley que limitará el acceso de las organizaciones benéficas de ayuda y los periodistas a su frontera con Bielorrusia mientras el país se enfrenta a una crisis migratoria latente. La ley es un golpe para los partidos de oposición que abogaban por el acceso ilimitado a los medios, una enmienda aprobada por la cámara alta del parlamento el viernes, pero rechazada por la Cámara Baja.

Bajo el Estado de Emergencia declarado en la región fronteriza en septiembre y que finalizó a la medianoche del jueves, los medios de comunicación y las organizaciones benéficas de ayuda fueron completamente prohibidos. La oposición dijo que la prohibición tenía la intención de encubrir abusos de derechos y que había buscado acceso sin restricciones. El Gobierno argumentó la necesidad de las restricciones por razón de seguridad. Bajo las nuevas reglas, el ministro del Interior puede limitar el acceso a la zona fronteriza después de consultar con el jefe de la Guardia Fronteriza. Sin embargo, los periodistas y las ONGs pueden ingresar a discreción de los jefes de la Guardia Fronteriza local.

El Ministro del Interior, Mariusz Kaminski, dijo el martes por la noche que ordenaría una prohibición temporal de ingresar a áreas alrededor de la frontera. La Unión Europea acusa a Minsk de diseñar la crisis migratoria para contraatacar las sanciones mientras que, el líder bielorruso Alexander Lukashenko acusa a la UE de provocar deliberadamente una crisis humanitaria.

El Defensor del Pueblo de Polonia ha criticado la nueva ley, diciendo que le da al ministro del Interior el derecho a limitar la libertad de movimiento y limitar el acceso a la información sobre lo que está sucediendo en la frontera por tiempo indefinido. Si bien la situación en la frontera se ha calmado desde mediados de noviembre, cuando las fuerzas de seguridad polacas dispararon con cañones de agua a los migrantes que les arrojaban piedras, todavía hay intentos nocturnos de grupos de abrirse paso a través de las cercas de alambre de púas en la frontera. La Guardia Fronteriza de Polonia dijo que hubo 134 intentos de cruzar la frontera de Bielorrusia el lunes.

 

  1. La próxima reforma del gas de la UE para abordar el almacenamiento y la contratación conjunta. Una revisión planificada de la legislación del mercado de gas de la UE, prevista para el 14 de diciembre, buscará mejorar el acceso a las instalaciones de almacenamiento de gas e incluirá disposiciones que permitan la compra conjunta de existencias de gas, dijo la Comisión Europea. En los últimos meses, la subida de los precios del gas ha afectado a los hogares más pobres de la UE y ha elevado los costes para las empresas, lo que amenaza con ralentizar la recuperación económica de Europa. «Las próximas propuestas abordarán, entre otras cosas, el tema clave del almacenamiento», dijo Kadri Simson, comisaria de energía de la UE. «Haremos que el almacenamiento forme parte de las evaluaciones de riesgos de seguridad del suministro, tanto a nivel nacional como regional», dijo en una reunión de ministros de energía de la UE que ayer en Bruselas. Los precios del gas alcanzaron los 160 € / Mwh en otoño antes de cotizar alrededor de 95 € / MWh en noviembre, lo que elevó los precios de la electricidad, que han subido hasta el 17% este año.

Una de las ideas que plantean España y Francia, entre otros países, es que la UE compre gas de forma conjunta para aprovechar el poder de su mercado único de 450 millones de consumidores. Esto se basaría en una adquisición conjunta voluntaria o un mecanismo centralizado de compra de gas de “contratos de opción” mediante subastas competitivas, según un documento conjunto presentado por Francia, Grecia, Italia, Rumanía y España. A través de esta medida podría crearse una reserva de gas estratégica de la UE, asegurando así volúmenes adicionales de gas a precios asequibles. Simson pareció respaldar esa idea y dijo a los ministros de la UE que el próximo paquete de gas de la Comisión estará centrado en la gestión del almacenamiento, estableciéndolo como una cuestión clave.

A pesar de apoyar esta propuesta, la comisaria de Energía desestimó la petición de España y de Francia para reformar las reglas del mercado eléctrico de la UE, diciendo que el diseño actual del mercado está funcionando según lo previsto. Una evaluación preliminar de ACER, la Agencia de la UE para la Cooperación de los Reguladores de Energía, destacó que la dependencia del gas para la generación de energía es el factor principal que explica las diferencias de precios entre países. Este informe le sirvió a Simson para defender el sistema actual frente al modelo de la propuesta hispanofrancesa.

 

  1. La UE refuerza su capacidad de prevención y control de enfermedades. El lunes por la noche, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la ampliación del mandato del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). Para generar datos oportunos y comparables, el ECDC coordinará la estandarización de los procedimientos de recopilación, validación, análisis y difusión de los datos a nivel de la UE. También desarrollará evaluaciones de riesgos y mantendrá las bases de datos para la vigilancia epidemiológica y trabajará hacia enfoques armonizados para la recopilación y el modelado de datos con el fin de producir datos comparables en toda la UE.

El ECDC se coordinará con la Comisión Europea, las autoridades nacionales y los organismos y agencias pertinentes de la UE para garantizar que sus respectivas actividades sean coherentes y se complementen entre sí. Asimismo, trabajará con Organizaciones Internacionales, particularmente con la Organización Mundial de la Salud. Los objetivos del centro son los siguientes:

  1.  Establecer un grupo de trabajo de expertos en salud de la UE para ayudar con la preparación y la planificación de la respuesta, así como con la respuesta local a los brotes, en coordinación con el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea y otros mecanismos internacionales.
  2. Monitorear la capacidad de los Sistemas Nacionales de Salud para detectar, prevenir, responder y recuperarse de brotes de enfermedades transmisibles, identificar brechas y proporcionar recomendaciones con base científica.
  3. Organizar visitas a los Estados miembros para brindar apoyo adicional a las actividades nacionales de preparación y planificación de respuesta.
  4. Garantizar que los expertos y las partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, contribuyan a su labor de asesoramiento.
  5. Proporcionar asistencia técnica y científica a las autoridades nacionales para desarrollar su capacidad de detectar y secuenciar los genomas de agentes infecciosos.
  6. Supervisar la aceptación de la vacunación contra las principales enfermedades transmisibles en la UE, teniendo en cuenta las especificidades de los calendarios de vacunación nacionales y regionales.
  7. Facilitar la lucha contra la información errónea sobre la vacunación y las causas de la vacilación ante las vacunas.

El Parlamento y el Consejo deben aprobar ahora el acuerdo antes de que pueda entrar en vigor.

 

  1. Francia aboga por formalizar su participación en las instituciones europeas. Hace catorce años que Francia no ha obtenido la presidencia de la Unión Europea. La última presidencia francesa se remonta a 2008 y la próxima presidencia no se espera hasta antes de 2035. Un evento destacable que ha sido denominado PFUE según la jerga de Bruselas. Francia muestra cuatro aspectos de su intervención dentro de las instituciones:

 

  1. La presidencia de los Consejos: Para ser exactos, Francia va a asegurar la presidencia del Consejo de la Unión Europea (no la de otras instituciones como la Comisión Europea o el Parlamento Europeo), o más bien de alguno de los Consejos, ya que los Consejos de Ministros de Asuntos Extranjeros, de Defensa o de Desarrollo siguen representados por el Alto Representante de la Unión Europea, el español Josep Borrell (y no por Jean-Yves le Drian o Florence Parly). El Eurogrupo permanece presidido por el irlandés Paschal Donchoe, mientras que, el Consejo Europeo, la instancia suprema que reúne a los Jefes de Estado y del Gobierno dos o tres veces por semestre, por el belga Charles Michel.
  2. Una inminente copresidencia: En la práctica, la presidencia rotatoria consigue transmitir sus prioridades. Esto será más fácil ya que estas tres personalidades son muy similares, ya sea ideológica o personalmente de sus homólogos franceses. Charles Michel forma parte de la misma generación de dirigentes liberales que Emmanuel Macron. Josep Borrell y Jean-Yves le Drian pertenecen a otra generación, más socialdemócrata, pero se tienen en estima y se conocen personalmente después de décadas. Podemos por tanto hablar de una copresidencia.
  3. Un Acercamiento a la Comisión Europea: La presidenta, Ursula von der Leyen, mantiene relaciones directas con el Elíseo, mientras que el comisario francés Thierry Breton mantiene un contacto estrecho con el Gobierno francés, volviendo todos los fines de semana a París, no solo para hacer la ruta de platós de radio o televisión, sino para reunirse lo más regularmente posible con sus interlocutores franceses. Estaba en Rennes este fin de semana (27-28 de noviembre) al lado de J-Y le Drian para visitar la Cyberdefence Factory, lo cual suponía más una excusa que una necesidad para él. Su peso en el seno del Berlaymont se ha reforzado a través de la crisis de la COVID-19 hasta tal punto que aún sin tener el título podemos decir que es uno de los vicepresidentes de la institución.
  4. La verdadera presidencia: La presidencia de los Consejos de Ministros no es más que la punta del iceberg. El verdadero trabajo a nivel europeo reside en los casi 150 grupos y comités que preparan las reuniones, desde los más discretos (como el SCIFA que se ocupa de cuestiones de asilo e inmigración) al más conocido y mediatizado, el comité de representantes permanentes. El Coreper reagrupa a los jefes de las misiones de 27 Estados miembros presentes en Bruselas formando «un club selecto de embajadores». Su instancia matriz es el Coreper 2 que se ocupa de los asuntos más regios (asuntos extranjeros, de justicia e interior, economía y euro) y después tienen el Coreper 1 (que agrupa a los representantes permanentes adjuntos) que se encarga de los asuntos reales, aquellos a los que les concierne la vida «interior» de la Unión Europea (Agricultura, Pesca, Cultura, Educación, Espacio, Medio Ambiente, Energía, Transporte, etc…).

 

  1. La Comisión multa a UBS, Barclays, RBS, HSBC y Credit Suisse con 344 millones de euros por participar en un cartel de comercio al contado de divisas. La Comisión Europea ha completado su investigación del cártel en el mercado de comercio al contado de divisas (“Forex”) imponiendo multas a cinco bancos. Tras la investigación, la Comisión ha adoptado una decisión por la que se impone una multa total de 261 millones de euros a los cuatro bancos que decidieron resolver el caso, a saber, UBS, Barclays, RBS y HSBC. La Comisión también ha multado a Credit Suisse con 83 millones de euros con arreglo al procedimiento ordinario.

La investigación de la Comisión se centró en el comercio de las monedas del G10, las monedas más líquidas y negociables en todo el mundo. Cuando las empresas intercambian grandes cantidades de diferentes monedas, generalmente lo hacen a través de un operador de Forex. Los principales clientes de los operadores de Forex incluyen administradores de activos, fondos de pensiones, fondos de cobertura, grandes empresas y otros bancos. La investigación de la Comisión reveló que algunos operadores a cargo del comercio al contado de divisas del G10, actuando en nombre de los bancos multados, intercambiaron información confidencial y planes comerciales, y ocasionalmente coordinaron sus estrategias comerciales a través de una sala de chat profesional en línea llamada Sterling Lads.

Estos intercambios de información permitieron a los comerciantes tomar decisiones de mercado informadas sobre cuándo vender o comprar las monedas que tenían en sus carteras, en contraposición a una situación en la que los comerciantes que actúan de forma independiente entre sí asumen un riesgo inherente al tomar estas decisiones.

Las multas se establecieron sobre la base de las Directrices de la Comisión sobre multas de 2006. Al fijar las multas, la Comisión tuvo en cuenta, en particular, el valor de las ventas en el Espacio Económico Europeo («EEE») alcanzado por los participantes del cártel, los productos en cuestión, la gravedad de la infracción, su alcance geográfico y su duración.

Tras dos Avisos de Clemencia de la Comisión, se hicieron reducciones en las multas de las entidades imputadas, llegando a UBS a recibir inmunidad total por la revelación de la existencia de los cárteles, y Barclays, RBS Y HSBC también vieron reducidas sus sanciones por colaborar con la Comisión en la investigación. Dado que Credit Suisse no cooperó con arreglo a los procedimientos de clemencia o liquidación, no se benefició de ninguna reducción concedida dentro de esos marcos. Sin embargo, la Comisión ha concedido una reducción total del 4% para reflejar el hecho de que Credit Suisse no es responsable de todos los aspectos del caso.

La Comisión ha creado una herramienta para que las personas puedan alertarla más fácilmente sobre comportamientos anticompetitivos manteniendo su anonimato. La herramienta protege el anonimato de los denunciantes a través de un sistema de mensajería encriptada, diseñado específicamente, que permite la comunicación bidireccional.

Cualquier persona o empresa afectada por un comportamiento anticompetitivo como se describe en este caso puede llevar el asunto ante los tribunales de los Estados miembros y reclamar una indemnización. Tanto la jurisprudencia del Tribunal como el Reglamento 1/2003 del Consejo confirman que, en los casos ante los tribunales nacionales, una decisión de la Comisión constituye una prueba vinculante de que el comportamiento tuvo lugar y fue ilegal. A pesar de que la Comisión ha multado a los participantes en el cártel en cuestión, se puede conceder una indemnización por daños y perjuicios sin reducción a cuenta de la multa de la Comisión.